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El principal problema del Estado es de INGRESOS no de GASTOS

CONFEDERACION DE TRABAJADORES
RERUM NOVARUM
CTRN

ESCOGEN EL CAMINO MÁS FÁCIL Y EL QUE RESUELVE MENOS
Hay que atacar la defraudación fiscal

Las medidas de recorte de gasto anunciadas por la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya implican que nuevamente el gobierno escoge el camino más fácil y el que no resuelve integralmente el problema del déficit fiscal del país, cuando existe uno que sería el mejor negocio para todo el país, cobrar los impuestos que ya están establecidos por la ley. Así lo considera la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)

“¿Cuál camino escogería usted para resolver la falta de plata del gobierno?: Uno que signifique ¢49.900 millones, es decir 0,14% del déficit fiscal, o el que lleve a las arcas del gobierno alrededor de 3 billones anuales, los cuales significarían un 8.2% del Producto Interno Bruto, cifra que contemplaría el presupuesto anual del Ministerio de Educación Pública junto con el financiamiento a las universidades públicas, este sería el mejor negocio que beneficiaría a la mayoría de los costarricenses” apuntó Lenin Hernández Navas, presidente de la CTRN.

Por su parte el Secretario General de la CTRN, Mario Rojas Vílchez declaró que el problema que tiene el Estado costarricense es de ingresos fiscales. La recaudación fiscal es de un 13,5% del PIB, pero debería alcanzar al menos un 20% para financiar el país que se quiere, lo cual no significa, ni más impuestos, ni reducción del gasto, significa mejorar la recaudación y acabar con la evasión y la elusión fiscal.

Rojas Vílchez insistió “debemos llamar la atención que se está utilizando esta crisis fiscal como un mecanismo para constreñir las libertades sindicales. Aquí hay una idea equivocada de que el Código de Trabajo establece los máximos en condiciones laborales, cuando en la realidad, lo que define son los mínimos en las condiciones laborales. Es deber del Estado proteger a la clase trabajadora, pero aquí está sucediendo todo lo contrario” indicó el Secretario General de la CTRN.

Por otro lado, Hernández Navas considera que es evidente que los recortes anunciados son una forma del gobierno de congraciarse con los sectores políticos y económicos del país pero no resuelven el problema de raíz, tal y como lo expresaron algunos exministros de hacienda consultados, quienes consideran que las medidas son pequeñas y sin profundidad que si bien contendrá el crecimiento del gasto pero no harían una diferencia importante como sí lo lograría condenando a quienes cometen fraude fiscal.

Un informe de la Procuraduría General de la República revela que el estado ha valorado sólo 25 causas, en cinco años, por el delito de fraude a la Hacienda Pública y no ha condenado a ninguna persona por el incumplimiento el Artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Lo más grave, añadió, el Presidente de la CTRN es que tenemos información que, al 3 de mayo pasado, el total de cuotas defraudadas al fisco suman ¢69.038.827.969, anualmente. (Se adjunta cuadro).

“Nos preguntamos a quien pretenden proteger trasladando el faltante de recursos del estado a los trabajadores del sector público que ni eliminando 20.228 plazas movería un 1% el déficit fiscal se según un estudio del Ministerio de Panificación del 2016, y el cual implicaría un costo promedio aproximado de ¢15 millones cada una; lo cual es calificado por MIDEPLAN como contraproducente porque terminaría generando más efectos negativos que positivos”, subrayó el líder sindical Hernández Navas.

COMBATIR DEFRAUDACIÓN

Para la CTRN el camino más seguro para resolver el déficit fiscal es combatir la defraudación que ronda según el mismo Ministerio de Hacienda un 8,2% del PIB. ”Ya una comisión legislativa, denominada Comisión Mossack Fonseca dictaminó, en marzo del 2017 que existen 19 vacíos legales y cuatro mecanismos para la defraudación.

La comisión analizó durante un año el escándalo de los Papeles de Panamá y propuso varias iniciativas para evitar el fraude contra el estado: Ley Contra la Participación de Servidores Públicos en Paraísos Fiscales, Ley para la Transparencia en las Operaciones con Bienes Sujetos a Registro. Ley de Impuesto sobre la Renta para Fortalecer la Lucha Contra el Fraude Fiscal, puntualizó Hernández Navas.

Según el propio informe legislativo las iniciativas buscan hacer obligatoria la bancarización de todas las transacciones de bienes inscribibles ante Registro Público, prohibir a servidores en altos cargos públicos realizar o participar en actividades comerciales en paraísos fiscales, y aprobar reformas a la ley de impuesto sobre la renta, a fin mejorar la recaudación tributaria, sin crear nuevos impuestos, “Sin embargo, esos proyectos duermen el sueño de los justos en el Congreso porque afectaría a los inversionistas de la bolsa de valores, y a los, que sacan sus utilidades del país como pagos de préstamos inexistentes para evadir el pago de impuestos”, sostuvo Hernández Navas.

Desde la perspectiva del representante de los trabajadores Hernández Navas seguir el camino de cargar el déficit fiscal en la clase trabajadora es continuar por el camino de la desigualdad y apuntó que el 20% de los hogares más ricos, es decir 808.574 familias se dejan el 51% de la riqueza del país; estas familias tienen ingresos por ¢2.634.851 según datos del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA), mientras que hay, 305.205 familias que viven con ingresos de ¢99.238 .

“Necesitamos contar con verdaderas políticas fiscales progresistas para eliminar la elusión, evasión y fraude fiscal y como lo exclamó el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum en 1891, la Cuestión Social es un asunto de carácter económico por lo cual los estados están en la obligación de velar por los más desprotegidos”, finalizó el Presidente de la CTRN.