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Posición de la Rerum Novarum: Movistar debería perder la concesión

Este martes la prensa dio a conocer que la Fiscalía allanó las oficinas de una transnacional de las telecomunicaciones y un bufete de abogados y abogadas por el presunto fraude fiscal de más de ¢1200 millones.

Esta noticia no nos sorprende. Desde la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, y en general desde el movimiento sindical, hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo la falta de medidas concretas para contener el fraude fiscal y de hecho, este fue uno de los detonantes de la gran huelga del año pasado.

Este país tiene una seria debilidad en las finanzas del Estado no por el salario o las condiciones laborales de los funcionarios públicos como han insistido los enemigos del Estado solidario, sino por la incompetente tolerancia de muchos tomadores de decisiones en los gobiernos hacia las empresas que no pagan impuestos, o no pagan lo que debieran.

Al fin y al cabo son de los mismos. No debemos perder de vista esa realidad. El escándalo de corrupción del “cementazo” dejó en evidencia cómo los grupos de poder económico se entremezclan con el poder político y corrompen todo el sistema y todos los Poderes de la República.

El monto presuntamente defraudado por esa empresa de telecomunicaciones es aproximadamente un 0,00000037% de un punto del Producto Interno Bruto, y cómo hemos señalado en muchas ocasiones, el fraude fiscal supera al 6% del PIB. Un dato como este pone en contexto la noticia del día: El problema es el sistema.

Pero sigamos: El combo fiscal está incompleto porque las medidas aprobadas solo fueron dirigidas a sacar más plata al bolsillo de la clase trabajadora. Los diputados y diputadas aún tienen que tomar acciones concretas contra los vacíos que dejaron en la ahora Ley 20580, como las exoneraciones a las zonas francas en relación con el mercado interno, eliminar las exoneraciones a las grandes cooperativas, asegurar los recursos que podrían perder miles de familias pobres debido a la regla fiscal…  Otros momentos de la historia nos han enseñado que las tales medidas complementarias y reparación de “errores” nunca se aprueban.

Ya lo habíamos advertido pero no quisieron oír. Los hechos de hoy, y esperamos que se repitan en decenas de empresas evasoras, deben conducir a los legisladores y legisladoras, al Poder Ejecutivo y a la esfera Judicial, a tomar acciones concretas contra el fraude fiscal.  Tienen el deber ético y moral, y tienen que hacerlo ya si realmente quieren mostrar un compromiso real con el saneamiento de las finanzas públicas, con la democracia y con las familias costarricenses.

La Fiscalía tuvo el músculo para caerle a Movistar porque las pruebas con las que cuenta son abundantes, y evidentes. Después de esto viene la judicialización del proceso y los posibles arreglos de pago.

De nuestra parte creemos que el Estado costarricense debe asegurar una legislación tan fuerte contra las empresas evasoras que se compare con la que aplican hacia los trabajadores y trabajadores que protestan y ejercen su derecho a huelga. Hoy, en la Asamblea Legislativa y en decenas de despachos de Ministerios e instituciones se están buscando mecanismos para aplicar la mano dura contra trabajadores que participaron en la huelga del año pasado. Incluso, un funcionario se encuentra en la cárcel sin derecho a fianza con fuertes trazos de ser un preso político.

Ya quisiéramos ver esa mano dura contra los evasores. Si las pruebas son flagrantes, Movistar debería perder la concesión. Movistar debería irse del país y los corruptos, a la cárcel.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

MARIO ROJAS VÍLCHEZ

SECRETARIO GENERAL